Orizaba, Ver.- A más de cinco años del brutal asesinato que conmocionó a la región de las Altas Montañas, la justicia finalmente alcanzó a Jorge Vega García, quien fue sentenciado a 100 años de prisión por su responsabilidad en el secuestro y homicidio del empresario veracruzano Roberto Cruz García, ocurrido en febrero de 2020 en el municipio de Río Blanco.
El fallo fue emitido por un tribunal con sede en Veracruz Puerto, el cual determinó que Vega García actuó como autor intelectual y material del crimen.
La víctima, ampliamente reconocida por su trayectoria en la industria de los dulces y su labor altruista, fue secuestrada el 03 de febrero de ese año por un comando armado encabezado por su propio familiar (sobrino) Jorge Vega.
Durante el proceso judicial se confirmó que los secuestradores exigieron un millonario rescate de 20 millones de pesos. Sin embargo, al descubrir que varios de los responsables eran parientes del empresario, entre ellos el propio Jorge Vega, decidieron asesinarlo y enterraron su cuerpo en una vivienda cercana al río Blanco, en la Colonia Paredón Viejo, del municipio de Huiloapan.
El cuerpo sin vida de Roberto Cruz García fue localizado el 8 de febrero de 2020 por vecinos de la zona, lo que provocó un fuerte despliegue de fuerzas policiales y autoridades ministeriales.
La noticia causó una profunda indignación y tristeza en la comunidad, especialmente entre el sector empresarial, ya que “El Dulcero” era ampliamente apreciado.
Tras el hallazgo, Jorge Vega se dio a la fuga y logró ocultarse durante más de un año en Chicago, Estados Unidos. Fue en abril de 2021 cuando, tras la coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Interpol y agentes del FBI, fue detenido y posteriormente extraditado a México. Desde entonces permaneció recluido en el penal de Pacho Viejo, en espera de juicio.
Ahora, con la sentencia de 100 años por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, se cierra un largo y doloroso capítulo para los familiares de la víctima, quienes durante más de cuatro años exigieron justicia.
Esta resolución también marca un precedente en la lucha contra la impunidad en Veracruz y refuerza el compromiso institucional frente a crímenes de alto impacto.
