• Reformas al Código Penal del estado de Veracruz sancionaría a quien obligue a un o una menor a convivir con otra persona, como en matrimonio, advierte Illya Dolores Escobar Martínez.
Con el objeto de fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, la diputada Illya Dolores Escobar Martínez realizó una mesa de trabajo con especialistas en miras a construir una propuesta de reforma al Código Penal del estado que establecería y sancionaría el delito de cohabitación forzada de menores de edad.
En entrevista, la legisladora afirmó que actualmente en algunas regiones de la entidad, sobre todo indígenas, aún se realizan prácticas mediante las cuales menores de edad son obligados a tener una relación sentimental, casarse o convivir con adultos, “de forma constante, como si fuera un matrimonio, quebrantando sus derechos y en detrimento de su desarrollo y formación integral”.
Asimismo, detalló que como representante popular asume el compromiso de trabajar por el bien de las niñas, niños y adolescentes. “Es prioridad continuar actualizando el marco normativo veracruzano que beneficie siempre el interés superior de la niñez y salvaguarde sus derechos e integridad”, señaló.
Illya Dolores Escobar destacó que, a pesar que el matrimonio forzado ya está estipulado como ilegal en la entidad, debe protegerse con la ley a las y los menores que son manipulados u obligados a adoptar un determinado estado de vida con una persona adulta idéntico al matrimonio, pero sin las formalidades que refiere el Código Civil.
Al término del encuentro, la también Secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género indicó que este foro de consulta con especialistas en la materia permitirá que la propuesta de iniciativa se refuerce con las aportaciones y opiniones que busquen proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, como lo disponen las normativas y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
En la reunión participaron, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), su presidenta, Namiko Matzumoto Benítez, y el director de Asuntos Jurídicos, Miguel Ángel Córdova Álvarez; además, los magistrados del Poder Judicial estatal, María Lilia Viveros Ramírez y Juan José Rivera Castellanos, así como la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz (Sipinna), María del Pilar Paz Villafuerte.
También la directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas; María Luisa Santes Santes; el presidente del colectivo Interés Superior de la Niñez, Jesús Alberto Pérez García; en representación de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Celia Mendoza Montes; la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Arhely Cuesta Briones, asesores y personal administrativo.
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