**Luego de la declaración, la Jufed afirmó en un comunicado que es una ‘advertencia’ basada en el marco legal.
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, calificó como absurdo y ‘narrativa perversa’ que se hable de posibles sanciones para los ciudadanos que participen en la elección judicial.
En conferencia de prensa, Taddei fue cuestionada sobre una declaración de la asociación de jueces y magistrados (JUFED) sobre multas y procesos penales a las personas que participen como funcionarios de casilla.
Taddei afirmó que es absurdo que se apunte contra los ciudadanos y equiparó tal intención con posibles sanciones a periodistas por cuestionar sobre la elección judicial.
Fue más allá, al decir que sería absurdo que se pretenda sancionar a los que voten, escuchen, hablen y sueñen sobre el proceso.
Dijo que es falso y reiteró el calificativo de ‘perverso’ para medios y periodistas que quieran fijar tal narrativa.
Luego de la declaración, la Jufed afirmó en un comunicado que es una ‘advertencia’ basada en el marco legal.
También dijo que es un “llamado preventivo” para “prevenir consecuencias negativas”.
Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura “perversa”, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.
Aquí la respuesta íntegra:
INE PONE EN VULNERABILIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS AL NO CUMPLIR RESOLUCIONES DE AMPARO
La JUFED, en ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y en defensa del Estado de derecho, considera necesario responder a las recientes declaraciones de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien calificó de “perversa” nuestra observación sobre las consecuencias de inobservar las suspensiones dictadas en amparo relacionadas con la implementación de la reforma electoral.
La Constitución y la Ley de Amparo no son negociables. Su observancia plena es el pilar que garantiza que las instituciones del Estado actúen dentro de los límites de la legalidad y bajo los principios de certeza, imparcialidad, y respeto a los derechos fundamentales.
Por ello, señalar que el incumplimiento de suspensiones podría derivar en responsabilidad legal no es una postura “perversa”, sino una advertencia legal sustentada en el marco normativo vigente.
Recordemos que el artículo 107 constitucional establece que las suspensiones concedidas en amparo son de cumplimiento obligatorio para cualquier autoridad, sin excepción, y que su incumplimiento constituye una transgresión a los principios que rigen nuestro sistema de justicia.
Más aún, la Ley de Amparo señala con claridad las consecuencias legales para quienes desacaten tales resoluciones, incluyendo el señalamiento de responsabilidad para los actos derivados de dicha inobservancia.
En este contexto, subrayamos que nuestra preocupación ha sido, y seguirá siendo, proteger a la ciudadanía.
Advertir que quienes participen como funcionarios de casilla podrían convertirse en ejecutores de una reforma impugnada no es una amenaza, sino un llamado preventivo para evitar que ciudadanos de buena fe puedan ser colocados en una situación de vulnerabilidad jurídica por decisiones que deberían estar plenamente ajustadas a derecho.
Como titulares de órganos de control constitucional, nuestra obligación no solo es resolver los conflictos legales que se nos presentan, sino también prevenir las consecuencias negativas que puedan derivarse de la falta de observancia de nuestras resoluciones.
Calificar como “perversa” esta postura refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Reiteramos que nuestra única finalidad es asegurar que las instituciones del Estado, incluyendo al INE, actúen con pleno apego a los principios de legalidad y constitucionalidad que rigen nuestra democracia.
Desde la JUFED hacemos un llamado respetuoso pero firme a la presidenta Guadalupe Taddei y al INE para que cumplan con las suspensiones de amparo y se ajusten a su obligación constitucional.
Firma: La Directiva Nacional
