Ximena Rivillo, presidenta del mecanismo de mujeres de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Congreso mexicano, en la que pidió se frene la campaña de persecución contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
A nombre de lideresas de partidos de la región, acusó una “feroz campaña mediática que se ha impulsado en contra de “Alito” Moreno, también presidente de la Copppal, y vicepresidente de la Internacional Socialista.
Indicó que la campaña es desatada como consecuencia de llevar adelante los mandatos del PRI, “representativos de muchas mexicanas y mexicanos, como eje conductual de su actividad legislativa”.
En una carta dirigida a las autoridades mexicanas, la presidenta del mecanismo que agrupa a mujeres de 69 partidos políticos progresistas de 30 países, señaló la acción política legislativa de Alejandro Moreno de votar en contra de la Reforma Eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador, bastó para ser objeto de una inaceptable acción represiva.
“Esta situación, que ha sido denunciada y rechazada tajantemente por altas personalidades públicas del país, creemos que debe ser eliminada y contrariamente, se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de las personas que ejercen representación pública o parlamentaria”, señaló Rivillo.
Destacó que Moreno Cárdenas votó, con su grupo parlamentario, en contra de la aprobación de la iniciativa de Reforma Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, amparado en el artículo 61 de la Constitución, que establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el despeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma”.
La líder de las mujeres latinoamericanas y caribeñas manifestó que la lucha por recuperar y mantener la democracia, con garantizar el derecho a participar, decidir e incidir en las decisiones políticas de los países de América Latina y el Caribe, es constante y no menos relevante para asegurar estabilidad, garantías y fortalecimiento de los gobiernos y las instituciones, por lo que el derecho a la libre expresión y al uso de las facultades de las instituciones de los Estados, es parte también de la lucha democrática por establecer estados de derecho.
“Observamos de manera preocupante aquellas acciones que se instalan en los países miembros de nuestra organización que pudiesen llevar a dañar los procesos democráticos. En ese contexto, estamos atentas a lo que sucede en México donde observamos que se ha instaurado un proceso de creciente desinstitucionalización de la política, que daña al Estado de derecho, impulsando la judicialización de la política y la politización de la justicia y persigue a actores políticos, con efectos complejos para la normalidad democrática de la vida pública de esa importante nación hermana”, indicó.
La carta fue entregada al presidente López Obrador; al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; y al presidente de la Cámara de los Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
