Xalapa, Ver. — Ricardo Ordóñez, ciudadano originario de Coatzacoalcos, falleció este martes luego de permanecer encadenado durante 38 días a una luminaria en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz, donde mantenía una huelga de hambre como forma de protesta ante la indiferencia institucional.
Ordóñez exigía ser recibido por la gobernadora Rocío Nahle García para denunciar un presunto fraude inmobiliario que según su testimonio lo dejó en situación de vulnerabilidad y bajo amenazas de muerte. A lo largo de su manifestación, hizo público que había acudido en múltiples ocasiones a la Fiscalía General del Estado sin obtener respuesta ni protección.
Su muerte ha generado una ola de indignación entre colectivos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y la opinión pública, que señalan la omisión del gobierno estatal frente a una protesta extrema que fue visible y constante en el corazón político de Veracruz.
A pesar de la gravedad de su caso, no hubo acercamiento directo por parte de la gobernadora ni de sus funcionarios más cercanos, lo cual ha derivado en llamados a una investigación urgente no solo sobre las causas de su fallecimiento, sino sobre el proceder del aparato gubernamental ante una demanda desesperada.
“Lo dejaron morir frente al poder”, expresaron activistas, quienes han comenzado a convocar movilizaciones para exigir justicia y exigir a Rocío Nahle una postura clara ante este hecho que ha conmocionado a la sociedad veracruzana.
El caso de Ricardo Ordóñez no solo representa una tragedia personal, sino también una profunda herida institucional sobre el derecho a la protesta, la atención a víctimas y la rendición de cuentas en Veracruz.
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