Los gobiernos de México y Estados Unidos registran un momento singular.
Revisan al mismo tiempo sanciones económicas y oportunidades de inversión.
Analizan diferendos entre el gobierno mexicano y empresas estadounidenses, que podrían derivar en sanciones contra México por 30 mil millones de dólares, por una parte.
Y por la otra analizan oportunidades de inversión que potencialmente podrían representar inversiones multimillonarias, de acuerdo con lo que ha revelado el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Eso es en el plano bilateral. Ahí se ven riesgos y oportunidades.
En paralelo, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador –en su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, organizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden–, presentó un decálogo de compromisos de su gobierno para combatir el cambio climático.
Desde la perspectiva de los expertos en energía, se trata de un decálogo reciclado. Es decir, es un conjunto de medidas que ya se habían anunciado o iniciado.
Lo que sorprendió es el aparente giro del gobierno lopezobradorista quien destacó la importancia de la inversión de empresas estadounidenses en el desarrollo de proyectos de generación de energía limpia y renovable en México.
Sorprendió porque su gobierno está actuando justo en contra de ese tipo de empresas y proyectos.
En el contexto nacional, el gobierno mexicano continúa tratando de aplicar su modelo energético.
Este se basa en el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como lo describe el Presidente de México.
En los hechos, este fortalecimiento de las dos empresas de energía gubernamentales, implica el desplazamiento de las inversiones privadas nacionales e internacionales.
De hecho, tales políticas han generado una gran cantidad de reacciones de las empresas de energía de EU; y de influyentes legisladores que han enviado cartas a los más altos funcionarios de ese país para que exhorten a México para que respeten las reglas del juego.
Se trata de pleitos legales y reclamos de las empresas estadounidenses por 30 mil millones de dólares, según las cifras que ha dado a conocer el embajador de EU en México, Ken Salazar.
La Cámara de Comercio Internacional (ICC), que preside Claus von Wobeser informó en días pasados que México escaló al top five de los países con más litigios en energía.
El año pasado, nuestro país se convirtió en el quinto lugar de la lista de países que registran el mayor número de arbitrajes internacionales y disputas de inversión privada en el sector energético e infraestructura.
Estos se derivan de las modificaciones en las reglas de operación o nuevas políticas públicas del actual gobierno.
El viernes pasado el presidente López Obrador informó que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que preside Antonio Del Valle y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que lidera Francisco Cervantes le solicitaron una mesa de negociación para revisar las nuevas disposiciones para la importación de gas natural.
Estas nuevas disposiciones, aseguran los expertos en energía, van en contra del modelo energético heredado por este gobierno, en el que se preveía la apertura creciente al sector privado nacional e internacional en distintos ámbitos de la energía.
Aseguran quienes saben que con estas nuevas disposiciones se crean de facto dos monopolios para la importación de gas natural y cancela las posibilidades que ya existían para que los privados importen ese energético.
El CMN representa a más de 50 corporativos y el Consejo Coordinador Empresarial aglutina a las organizaciones empresariales más importantes del país.
Su preocupación es por el cambio de reglas y la falta de respeto al Estado de Derecho.
Sin duda se requiere de certidumbre y reglas claras para que las inversiones fluyan a México.
Pero la pieza clave, es el modelo energético. El gobierno lopezobradorista parece no querer dar marcha atrás ni un centímetro.
Veremos si se concretan las sanciones que buscan las empresas imponer al gobierno mexicano o se logra una conciliación.
Y veremos si los empresarios mexicanos logran revertir el nuevo modelo de importación de gas natural. Al tiempo.
