Miles de habitantes de Nuevo León se han enfrentado ante la escasez de agua en sus hogares. Si bien dicha situación ha provocado que una avalancha de críticas se desbordara sobre el gobernador Samuel García, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que una parte de la crisis hídrica que padece la región se debe a las irregularidades y al desvío de recursos en el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM).
De acuerdo con la asociación, una extensa red de corrupción que se extendió en el organismo encargado de gestionar el agua para dicha zona metropolitana durante el gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco” fue la que provocó una sequía en la región que bien pudo haber sido evitada.
Autoridades de Nuevo León declararon un estado de emergencia por falta de agua en la entidad desde el pasado 2 de febrero. Cabe mencionar que Monterrey es la tercer ciudad más grande del país por lo que requiere un suministro de 16 mil litros por segundo, no obstante, actualmente únicamente se están suministrando 12 mil litros por segundo del líquido vital.
Adicionalmente, los factores climatológicos del norte de México no han ayudado a mitigar la escasez pues, además de que por corrupción instituciones públicas no cesaron nunca de drenar los recursos necesarios para evitar la sequía, la carencia de lluvias y las altas temperaturas del estado han propiciado la evaporación del agua.
Corrupción en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón
En su investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrieron que fueron las mismas denuncias que el gobernador Samuel García interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción Estatal, las que revelaron que a través del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón desvió más de 18 mil millones de pesos a lo largo de su administración.
Fueron alrededor de 40 denuncias las que el equipo legal de Samuel García presentó en seis meses en las cuales figuraron los nombres de Manuel Vital, ex secretario de Desarrollo Sustentable; Enrique Torres, director del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) durante el sexenio de “El Bronco”; Juan Manuel Rodarte, exdirector de Administración y Finanzas y Juan Carlos Pulido, exdirector de Operaciones.
Hasta el momento, la Unidad Anticorrupción de Nuevo León halló culpables de peculado y desvío de recursos públicos a Carlos Pulido y Manuel Rodarte, sin embargo, no han sido determinadas las sanciones que enfrentarán.
Una sequía que pudo evitarse
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que en 2015 Nuevo León tuvo el segundo año con más lluvias en su historia desde 1900. Las presas de El Cuchillo y Cerro Prieto contaban con más del 94% de su capacidad, mientras que La Boca contenía 77.5%, Monterrey gozaba de una situación muy favorable.
Tan solo dos años después, las fugas en ductos suministradores y extracciones precipitadas provocaron que la presa de La Boca estuviera nuevamente medio vacía, mientras que Cerro Prieto registró un 71% de su capacidad.
Cabe mencionar que, además de los problemas que dichas extracciones no anunciadas causaban para el comercio y sostenimiento de comunidades locales y aledañas, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) nunca contó con un programa de contención frente a las fallas del sistema de alimentación de la ciudad. Es decir, pese a las advertencias de funcionarios y biólogos del estado, la crisis fue minimizada durante décadas.
Samuel García en contra del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM)
En las denuncias presentadas por Samuel García, el gobernador de Nuevo León acusó al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) de autorizar la construcción de fraccionamientos en municipios como García los cuales no contaban con la infraestructura necesaria para suministrar suficiente agua. Asimismo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló a Juan Carlos Pulido de haber coordinado una red de suministro apresurada, podrida e ineficiente que desperdicia mil litros por segundo a través de fugas.
A la red de irregularidades se suma también el proyecto de la Presa Libertad, mismo que fue presentado por Jaime Rodríguez Calderón y cuyo objetivo era el de suministrar a la ciudad más de 2 mil litros por segundo para 2023. No obstante, la obra ha estado inundada de problemas legales, retrasos, expansiones de presupuesto y opacidad.
Pese a que en 2019 se realizaron solicitudes de información a la Comisión de Transparencia del estado, nunca fue posible saber qué fue de los 578 millones de pesos que la Federación envió a finales de ese año para comenzar la construcción de la Presa Libertad, misma que hasta el momento solo lleva el 30% de avance.
Adicionalmente, el gobierno de Samuel García ha acusado al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) por el sobrecosto de más de 295 obras de infraestructuras no especificadas, sumando un total de 233 millones de pesos presupuestados en el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón.
Limitaciones a las embotelladoras que operan en Nuevo León
Más allá de la corrupción y de las condiciones climatológicas que enfreta Nuevo León, habitantes del estado han cuestionado las limitaciones que empresas embotelladoras que operan en el estado tienen frente a la sequía y escasez de agua que enfrentan.
De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), activistas como Antonio Hernández han expuesto la sobreexplotación que embotelladoras como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Bebidas Mundiales, Bebidas Arca, Compañía Topo Chico, Grupo Embotellador Noreste y Casa Guajardo han ejercido sobre los depósitos de agua subterráneos del estado.
Información de la organización civil detalla que las cinco embotelladoras más importantes extraen más de 10 millones de metros cúbicos anuales, lo que es equivalente al consumo de más de 73 mil personas.
Resulta pertinente destacar que durante el estado de emergencia, dichas compañías han continuado operando con normalidad y no han respondido a la necesidad de racionar agua, contrario a las medidas que ha acatado la población regiomontana, quienes sí sufren sanciones si su consumo es excesivo o inadecuado.