Entre enero de 2021 y junio de 2022, el precio de las tortillas se ha disparado 26.45%, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor del Inegi. No obstante, el precio varia por estados: en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por ejemplo, el kilo de tortilla costó 27 pesos el 6 de julio, mientras que e l mismo día en Tlaxcala se pudo encontrar 14 pesos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).
Por ahora, la Red del Maíz de la Ciudad de México, que integra molinos y tortillerías, estableció una mesa de trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para buscar la estabilidad en la adquisición del precio del maíz y otros insumos, con el fin de contener el impacto de su alza. Sin embargo, para Blanca Mejía, representante de la organización, la problemática viene desde 2018.
Mejía, quien también posee tres tortillerías en la capital del país, refiere que a partir de ese año, y hasta ahora, el costo de la tonelada de maíz pasó de 4,900 a 8,400 pesos, un alza de 71.4%. Esto llevó a la microempresaria a subir el precio del kilo de tortilla de 14 a 20 pesos en el mismo periodo, un incremento de 42.8%.
La situación obligó a los pequeños productores a buscar alternativas. Una de ellas, explica Mejía, fue viajar a Sinaloa a comprar el grano, pero se encontró con la dificultad de transportar el maíz y almacenarlo en la Ciudad de México. Mientras, el alza en el precio impacta en su consumo. En 2013 cada habitante consumía entre siete y ocho tortillas diarias, esta cifra se redujo a dos tortillas, de acuerdo con datos de la organización.
“Cada vez menos personas consumen tortillas. La gente ya compra un kilo o dos kilos, se lleva lo que le alcance. Si tiene 10 pesos, eso compra, se ajusta a lo que el bolsillo le permite”, dice Mejía. “Este panorama de constantes aumentos en el precio del maíz nos lleva a diversificar el mercado; vemos que los empresarios buscan de manera inmediata integrar otros servicios, como la venta de comida”, añade.
Pero el alza en el precio del maíz no es el único impacto, pues también se suman los aumentos en los energéticos como el gas y el agua.
Marcela Martínez Pichardo, presidenta de la Cámara Nacional del Maíz (Canami), comenta que el decreto presidencial que prohíbe el glifosato limita las importaciones de maíz que contengan esta sustancia, además de establecer la revocación y abstención de permisos de siembra de maíz transgénico y del uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación, lo que llevará a un aumento en el precio del maíz hacia 2024, cuando entra en vigor.
“La preocupación es que no sólo afectaría a la tortilla, también a los 60 sectores industriales que conviven, y, al no tener acceso a un suministro del exterior, tendríamos que salir todos a competir por el grano y no sólo sería complejo el suministro, sino que se encarecería el producto; si el día de hoy hay un tema inflacionario, en 2024 se vería delicadamente afectado y entonces no me quiero imaginar precios de la tortilla en 70 pesos”, sentencia.
Para hacer frentes a esto, la Cámara buscaría que se extienda el tiempo de la entrada en vigor del Decreto Presidencial.
Con la mira en el sureste
Según Marcela Martínez Pichardo, presidenta de la Canami, en México se consumen 45 millones de toneladas de maíz, de las que se importa 40%, mientras 60% restante se produce a nivel nacional. De cara a la autosuficiencia, la Cámara busca impulsar la siembra de maíz en el sureste del país y elevar su productividad actual de 2.1 toneladas por hectárea, pues el promedio a nivel nacional es de 3.5 toneladas por hectárea.
Para afianzar la cadena de valor, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) busca hacer sinergias con otros actores para desarrollar la infraestructura que permita transportar el grano desde el sureste hacia el resto del país, con una visión hacia el largo plazo.
Con esta propuesta, la Canami ve una oportunidad para que aumente la producción y el país no sólo equilibre la balanza comercial del grano, sino que se convierta en un proveedor importante de maíz a nivel mundial.
“En México hay una gran oportunidad el desarrollar el campo. El sur del país tiene agua, tema que en el norte se ha ido complicando, por eso estamos buscando generar las condiciones de infraestructura. almacenaje, y de carga ferroviaria, marítima y carretera que nos permita movilizar el grano hacia los centros de transformación, que principalmente se encuentran en el centro y norte del país”.
Por ahora, Martínez Pichardo considera que más allá del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el precio del grano y la proveeduría respecto al porcentaje que se importa dependen de temas como el costo de energéticos o el transporte marítimo, que se ha encarecido desde el inicio de la pandemia. “Es un gran esfuerzo, pero no depende de una sola circunstancia”, dice.
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