**Exigen auditoría financiera
Mixtla de Altamirano
Por: Alex López
Habitantes, ex alcaldes, representantes comuneros, agentes y subagentes municipales, esta mañana decidieron tomar el palacio municipal de Mixtla de Altamirano, exigien el desafuero de la presidenta municipal Maricela Vallejo Orea por cometer decenas de irregularidades, incluso la acusaron de haberse gastado el dinero del FISM y FAFM en cuestiones personales.
Los ciudadanos serranos enfurecidos ante una vida de lujos de la actual alcaldesa, decidieron y tomaron la determinación de tomar el palacio hasta que las autoridades competentes realicen una auditoría financiera exhaustiva.
Incluso el síndico Ricardo Pérez Marcos y la regidora única Valentina Temoxtle Flores enviaron un oficio al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Sergio Hernández Hernández donde acusan a la presidenta municipal Maricela Vallejo Orea y otras personas en el manejo irregular de los recursos públicos.
“La presidenta ha dispuesto del dinero del pueblo como si fuera suyo. No hay órdenes de pago firmadas para las erogaciones de gastos, nunca las pasan para autorización y firma del Cabildo”.
Los ediles dijeron que ignoran también los procesos de licitaciones de las obras que han iniciado, “no sabemos si hay un padrón de contratistas en el Ayuntamiento y toda la reglamentación que rige este rubro en el Departamento de Obras Públicos se nos ha sido negado”.
Por ello, los habitantes molestos por el uso y disposición a libre albedrío de la alcaldesa decidieron tomar el Palacio Municipal y lo habrán de liberar hasta que se ejerza una auditoría y se conozca cuál es la situación financiera en Mixtla de Altamirano.
Denunciaron que ha adquirido vehículos de lujo que junto con su esposo traen para uso particular, “andan siempre con gente armada de otros municipios y tienen un gran número de familiares incrustados en la nómina, son aviadores, además de que detectaron que asisten cada 15 días a cobrar a la tesorería y que no laboran en el Ayuntamiento”.
Dijo el síndico que ante la soberbia de la presidenta municipal Maricela Vallejo solicitaron al Congreso una auditoría y una interventora para que se frene tanto abuso y robo al erario por parte de la alcaldesa.
De hecho, los ediles emplazaron al director de Obras Públicas David Espinosa Reyes a que en un término de 24 horas dé por escrito un informe detallado de las obras que se han iniciado, los procesos de licitación, las constructoras participantes, domicilios fiscales de las empresas participantes, fianzas, registros ante Finanzas, publicación del programa de obra en qué medio se hizo.
“Le reitero que no va a venir a sorprendernos a este municipio y mucho menos le vamos a permitir una conducta ilícita en su actuar como funcionario público, y le agrego que no le está permitido tener documentación oficial de su área, fuera de su oficina”.
Le hicieron saber que si no atiende este requerimiento actuarán por la vía legal en la Fiscalía del Estado, además de dar vista a las instancias que rigen su función.
También enviaron un oficio dirigido al tesorero municipal Isauro Cuahua Tetlactle que dé un informe por escrito y detallado de todos los gastos tanto del FISM, FAFM y Plan de Arbitrios, que ponga a la vista todas las órdenes de pago que debe de ir agregadas a cada gasto, que entregue copia certificada de todos los estados de cuentas bancarias de las diferentes cuentas que maneja el Ayuntamiento, agregando que constituye un delito que no estén firmadas las órdenes de pago por la Comisión de Hacienda Municipal que conforman los ediles, “usted no es tesorero del presidente municipal sino Tesorero del Ayuntamiento”.
De igual manera solicitaron a la presidenta del DIF de Mixtla de Altamirano Cenorina Orea Méndez que dé a conocer de forma detallada en cuánto ascienden las aportaciones recibidas a partir de esta administración a la fecha, que detalle cada una de las erogaciones que han existido, que lo manifieste mediante facturas y demás documentos que acrediten dónde han sido destinados los fondos, lo anterior para efecto de garantizar el buen manejo de los fondos públicos.
