Una investigación de The New York Times reveló que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inspeccionó los registros telefónicos de políticos opositores, pero también aliados, por presuntos secuestros.

De acuerdo con 14 órdenes revisadas por el medio estadounidense señalan que la Fiscalía capitalina solicitó a Telcel la entrega de registros telefónicos y de texto, así como datos de ubicación, de más de una docena de funcionarios y políticos.

La compañía de telecomunicaciones reconoció en un expediente judicial haber entregado la información, que abarca de 2021 a inicios de 2023, si bien nunca recibió una orden judicial para ello.

La Fiscalía supuestamente argumentó buscar información sobre secuestros y desapariciones, pero al ser cuestionada sobre los hechos negó tener investigaciones criminales de tal tipo ni haber solicitado los registros telefónicos.

Esta institución no espía a figuras políticas ni a ninguna persona. Por el contrario, investiga exclusivamente con fines legales”, sostuvo.

El destape de los hechos ocurrió ante una demanda interpuesta por Santiago Taboada, alcalde de la Benito Juárez con licencia en busca de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien se enteró por un amigo dentro de la Fiscalía capitalina de que sus registros fueron entregados.

Se está utilizando el sistema de justicia para atacar a los políticos. Lo que no es normal es que pasen estas cosas, que a raíz de tus aspiraciones tengas al gobierno pisándote la nuca”, condenó.

Otras figuras de la oposición cuya información de telefonía celular fue entregada a la Fiscalía CDMX fueron la senadora Lilly Téllez y Alessandra Rojo de la Vega.

Tanto Taboada como Téllez y Rojo de la Vega, negaron cualquier participación en algún caso de secuestro.

Se tiene conocimiento, además, de que fue solicitada información de la magistrada María Dolores Igareda, presidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de Ricardo Amezcua, consejero de la Judicatura de la Ciudad de México.

Pero dentro de los aliados de Morena, partido gobernante en la Ciudad de México, también fueron entregados los registros telefónicos del senador Higinio Martínez.

El presidente prometió que nadie sería espiado en este gobierno. Es lamentable, condenable”, manifestó.

Luis Fernando García Muñoz, director ejecutivo del grupo de derechos digitales R3D, consideró que la solicitud de la información a Telcel no es necesariamente ilegal, pero sí un claro abuso de poder.

El sistema es fácil de engañar. Los fiscales pueden inventar expedientes de investigación o pueden utilizar expedientes de investigación abiertos para obtener datos de quien quieran sin ninguna supervisión judicial”, apuntó.

El caso se destapa en aras de que Ernestina Godoy Ramos sea ratificada como fiscal general de la Ciudad de México para un segundo periodo.

Con información de The New York Times