La ONU en México advirtió que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que valida el acuerdo que permite que la actuación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, podría exacerbar el “ya alto nivel de violencia” y podría favorecer las violaciones a derechos humanos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recuperó las preocupaciones previamente señaladas por expertos del organismo, en las que señalaron las posibles consecuencias de la presencia del ejército en dichas labores.
Entre estas, se encuentra “la posibilidad” de que “se exacerbe el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”. También advirtieron que las Fuerzas Armadas realizarían actividades que “no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, apuntaron.
Por lo tanto, la ONU-DH calificó el acuerdo como una asignación indebida en tareas de seguridad pública a los militares.
A esto se sumó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el cual afirmó que “se perdió una oportunidad para que el Poder Judicial actúe como contrapeso ante la militarización en el país”. Igualmente, hizo un llamado a la Corte a abordar las demás acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas sobre este último tema y la Guardia Nacional.
Este martes, el pleno de la SCJN validó el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador que faculta a las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública de forma permanente hasta que se consolide la GN.
Originalmente, dicho plazo estaba previsto para concluir en marzo del 2024. Sin embargo, el pasado 19 de noviembre se extendió la participación hasta el 2028 tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El texto establece que la participación de los elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México deberá ser “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública” mientras se consolida la nueva corporación.
Además, tendrá que acreditar su “absoluta necesidad” y será “temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil”.
La Fuerza Armada deberá capacitarse en la doctrina policial civil y sus actividades “en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles”, apunta el documento. Asimismo, agrega que se realizarán informes para evaluar los resultados en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos.
La sentencia de la SCJN no establece sí es válida o no la participación del ejército en dichas labores, por considerar que no formaba parte del litigio, sino que aborda una controversia constitucional en la que se impugnaba una invasión de competencias.
Por lo tanto, el pleno resolvió que el llamado ‘acuerdo militarista’ no invade las competencias de la Cámara de Diputados por tratarse de una norma general que solamente retoma los conceptos de la ley que con los que creó la Guardia Nacional.
Con el aval del máximo tribunal, el acuerdo seguirá vigente y sentará un precedente que se podría aplicar cuando se analice una eventual impugnación a la reforma constitucional del artículo transitorio que creó la Guardia Nacional para extender la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028.
Esta reforma ha suscitado críticas por diversas organizaciones nacionales e internacionales que han señalado que se trata de una profundización de la militarización.
Mecanismos internacionales de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas y la ausencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas.
Estos han señalado que los militares sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes.
Asimismo, desde 1998, diversos organismos de la ONU han emitido más de 30 recomendaciones al Estado mexicano para que abandone la militarización con el fin de prevenir violaciones a Derechos Humanos y desapariciones forzadas. Todas han sido aceptadas por el país.
