Orizaba, Ver.- Luego el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, la noche del domingo en la ciudad de Tijuana, Baja California, escritores independientes del Valle de Orizaba, Veracruz reunidos en el Palacio de Hierro se suman al pronunciamiento de repudio ante el artero crimen, por lo que firmaron una petición para poner un alto a las agresiones de comunicadores y solicitar condiciones de seguridad para el gremio en la república mexicana.
Apenas pasaron 24 días desde que comenzó el 2022 y dos periodistas ya han sido ultimados. El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, el fotógrafo Margarito Martínez recibía varios disparos en la puerta de su vivienda en Tijuana y hoy Lourdes Maldonado. Ellos son el nuevo rostro de la violencia que sufren los periodistas en México, que es el más letal del mundo para la prensa.
De 2000 a la fecha, ARTICLE 19 ha documentado 148 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 136 son hombres y 12 son mujeres.
De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto y 28 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores: 18 periodistas asesinadas/os (incluyendo al fotoperiodista Rubén Espinosa). Dicho estado tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31.
El caso más reciente es el de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el 23 de enero en Tijuana, Baja California.
El ejercicio del periodismo y la libertad de prensa resultaron, una vez más, vulnerados, con el agravante que se trata de la pérdida de vidas de profesionales y colaboradores que procuran, diariamente, llevar su trabajo informativo al público.
El luto que hoy vivimos abarca no solo al gremio de periodistas sino también a la población veracruzana.
En la nación donde periodistas se han atrevido a denunciar casos de corrupción, o delitos como el narcotráfico, han recibido como respuesta la intimidación, la amenaza contra su vida, la violencia o la muerte misma y, en ese sentido, la impunidad no puede convertirse en una pared que debilita la libertad y el acceso a la información pública.
Las autoridades deben acelerar las investigaciones para lograr capturar a quienes cometieron estos atroces hechos en cada uno de esas entidades, de tal manera que sean puestos a las órdenes de las instancias judiciales competentes. Y un caso en Veracruz aún sin resolver es del compañero, Jacinto Romero Flores, acribillado en el municipio de Ixtaczoquitlán.
El derecho a informar no puede ser una víctima del miedo, de la censura, del asesinato. El derecho a informar debe estar protegido ahora más que nunca, para impedir acallar su voz. Es urgente que en Veracruz y México se implementen o fortalezcan mecanismos de prevención, para evitar acciones que vayan dirigidas a inhibir el ejercicio profesional del periodismo.
Como periodistas hacemos un llamado para que estos crímenes contra compañeros de la prensa se investiguen de manera ágil, independiente e imparcial y con ello, los responsables comparezcan ante la justicia. Nuestra solidaridad con las familias de los periodistas y colaboradores de los medios que han sido asesinados. Basta ya de violencia y crímenes contra la prensa.
