La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que impide también la venta de dichos productos por medio de máquinas expendedoras al interior de los planteles.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir la distribución gratuita, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores en escuelas públicas y privadas de nivel básico.
Avalado con 494 votos y turnado al Senado para su eventual ratificación, el proyecto impide igualmente la venta de dichos productos por medio de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras al interior de los planteles escolares.
“El reto es prevenir y combatir la obesidad infantil y fomentar hábitos alimenticios y saludables a niñas y niños adolescentes que acuden a estas instituciones; estamos poniendo en términos generales la prohibición de vender comida ‘chatarra’ al interior de nuestras escuelas de educación básica”, puntualizó la legisladora priista Ana Lilia Herrera, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Palacio de San Lázaro.
Al fundamentar el dictamen en tribuna, subrayó que, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 38 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar en México presentan obesidad, “enfermedad mucho más perjudicial en la actual contingencia sanitaria, pues 7 de cada 10 defunciones por covid se derivaron de alguna enfermedad relacionada con el sobrepeso o la obesidad”.
La diputada mexiquense señaló, en ese contexto, que la reforma será un parteaguas respecto de la venta de alimentos al interior de las escuelas y sus frutos se van a reflejar en las próximas generaciones.
Admitió, sin embargo, que el proyecto está muy lejos de ser una solución integral para combatir la desnutrición crónica y aguda, el sobrepeso y la obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria, mediante la promoción de una alimentación equilibrada.
“Estos retos no sólo demandan legislar, demandan que usemos el resto de nuestras facultades, la aprobación del presupuesto y la vigilancia de los recursos ya asignados, por cierto, cada vez más pocos para la niñez y la juventud”, puntualizó Herrera.
Información Milenio
