La lideresa de comerciantes en la capital del país explicó que el Juez había cambiado la medida cautelar a arresto domiciliario por motivos de salud, después de haber sido detenida por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión a vendedores y robo en pandilla.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue liberada del penal de Santa Martha Acatitla tras nueve meses de estar detenida y vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos de extorsión y robo en pandilla.
El Juez a cargo de su caso cambió la medida cautelar de la excandidata por la coalición “Va por México” a Diputada por la Alcaldía Cuauhtémoc a arresto domiciliario por motivos de salud, según indicó la también hija de la exdiputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra Barrios Richard.
Sánchez Barrios celebró poder ver a sus hijos nuevamente tras haber sido arrestada hace nueve meses.
La lideresa de vendedores ambulantes fue detenida el pasado 17 de marzo por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FJG-CdMx), la cual la indagaba por los presuntos delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.
La denuncia interpuesta en su contra señalaba que Sánchez Barrios exigía el pago por “derecho de piso” a agremiados, quienes llegaron a ser privados de su libertad, extorsionados y/o amenazados de muerte si se negaban a cubrir las cuotas o se retrasaban en pagar.
Al momento de su detención, la mujer transmitió en Facebook su arresto y acusó que se trataba de una persecución del Gobierno de la Ciudad de México.
El pasado octubre, la excandidata denunció recibir agresiones físicas que le hicieron temer por su vida dentro del penal de mujeres, supuestamente por sus compañeras de celda: Miriam Yadira y la youtuber Yoseline Hoffman.
Asimismo, la priista pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) crear una comisión de la verdad sobre su caso para asegurar que se cumplieran con estándares interamericanos del debido proceso y el Protocolo de Estambul.
