La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) señaló este lunes que, un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, con lo que el sector de la vigilancia continúa operando sin control, como ha sucedido en el último año con ataques individuales en España.
En un comunicado, la organización no gubernamental señala que este proyecto puso en evidencia cómo gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, líderes políticos, periodistas y profesionales del derecho.
VIDEO: Pegasus, la sombra que crece
Tras reiterados llamamientos para regular el sector de la vigilancia, se han dado ciertos pasos en la dirección adecuada, pero la actuación de los gobiernos sigue sin ser suficiente, puntualiza la organización defensora de los derechos humanos.
Un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global”, señaló Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech, grupo parte de AI.
“El Proyecto Pegasus vino a recordar la necesidad de actuar con carácter de urgencia para regular un sector que carece de control. Es vergonzoso que los gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital”, añadió.
Toda persona que haya sido atacada con el programa espía de NSO Group tiene derecho a un recurso efectivo. La falta de medidas de calado por parte de los gobiernos de todo el mundo supone un insulto para quienes han sufrido física o psicológicamente a causa de los ataques de este invasivo software”, puntualizó.
Ingleton resaltó que la vigilancia selectiva e ilegítima de defensores de los derechos humanos y de la sociedad civil es “un instrumento de represión”, por lo que “ha llegado la hora de someter a control a este sector, que continúa operando en la sombra”.
El Proyecto Pegasus fue una iniciativa de colaboración entre periodistas de 17 empresas de comunicación, procedentes de 10 países, cuya coordinación corrió a cargo de Forbidden Stories, recuerda la organización no gubernamental.
El laboratorio sobre seguridad de Amnistía Internacional utilizó análisis digitales y metodologías de investigación de última generación para confirmar indicios de ataques e infecciones de numerosos teléfonos en todo el mundo, indica AI.
A lo largo del último año, el laboratorio ha descubierto nuevos ataques con Pegasus en Marruecos y el Sáhara Occidental y en Polonia, mientras que ha confirmado que, en numerosos casos, se seguía utilizando para atacar de manera ilegítima a determinadas personas en países como El Salvador, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Polonia y España.
La vigilancia ilegítima viola el derecho a la intimidad, y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica.
AI dice que lleva muchos años investigando la vigilancia ilegítima y resalta que cada vez hay más pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos y cómo determinadas empresas se benefician de la vigilancia selectiva ilegítima.
Amnistía Internacional dice haber entrevistado a varias personas cuyos dispositivos se han visto infectados por Pegasus y han relatado la angustia de saberse atacadas.
En la actualidad hay investigaciones abiertas y causas judiciales contra NSO Group pendientes de resolución en Francia, India, México, Polonia y España, agrega la organización.
En marzo, el Parlamento Europeo estableció la Comisión PEGA para investigar el empleo de Pegasus y de otros programas espía en Europa.
En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación vinculante no sólo de respetar los derechos humanos, sino también de protegerlos frente a abusos de terceros, incluidas las empresas privadas, añade AI.
