Se debe buscar el esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad, dice la recomendación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) efectuar una nueva investigación del asesinato del excandidato a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, al determinar que su asesino confeso, Mario Aburto, fue sometido a torturas, además de detectar “múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.
En su recomendación 48VG/2021, dirigida a la FGR y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la CNDH señaló que “la víctima” fue detenida el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que el entonces candidato a la Presidencia de la República fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.
“La víctima fue trasladada en calidad de acusada a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad y, el 25 de marzo de 1994, ingresó a las instalaciones del CEFERESO 1 ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, ha sido internado en Centros Federales de Readaptación Social de diferentes entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 ‘CPS-Guanajuato”, señala un comunicado de la CNDH.
Hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja a petición de Mario Aburto, en la que señaló que desde hace 27 años ha denunciado actos de tortura reiterada. Pidió reabrir el caso “para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.
En respuesta, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra reconoció su responsabilidad, “toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este Organismo Nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”.
Destacó que entre sus archivos existe “una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”.
“Por ello, tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General-, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos”.
La CNDH también acreditó que personal médico y custodios de dicho centro de reclusión “incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en cárceles lejanos al lugar en donde habita su familia”.
“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima”, sostiene la recomendación.
Agregó que estas nuevas diligencias se deberán abordar “sin perjuicio”, y considerar “las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”.
“Esta nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad”, dijo la CNDH en su comunicado.
Información Aristegui Noticias
