El gobierno socialista de España aprobó en el Consejo de Ministros la nueva ley del aborto, que otorgará el derecho a la interrupción del embarazo en la sanidad pública en menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres.
La nueva ley (técnicamente llamada ahora anteproyecto de ley por el recorrido que aún le queda), mantendrá los plazos actuales de aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Esta regulación ya fue recurrida por el conservador Partido Popular (PP) y está en espera de lo que decida el Tribunal Constitucional. En esta ocasión, la nueva norma tampoco cuenta con el apoyo del PP ni del ultraderechista Vox. Además, también fue muy criticada por la iglesia.
Permiso prenatal
También incluirá un permiso prenatal retribuido, para que las embarazadas tengan asegurado poder descansar en los días previos al parto.
El Ministerio de Igualdad, que encabeza la número dos de Podemos, Irene Montero, propuso que se pudiera tomar a partir de la semana 36, pero a los negociadores socialistas les pareció excesiva una licencia que podría costar unos 90 millones de euros al año, por lo que finalmente se acordó hacerlo desde la semana 39.
Para asegurar que los abortos quirúrgicos pueden realizarse en hospitales públicos cerca de donde vive la embarazada, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, se endurecen las condiciones para ejercer la objeción de conciencia
En febrero, la ministra de Igualdad, Irene Montero, adelantó que preparaba una reforma en la controvertida ley para “blindar el derecho” de toda mujer a partir de sus 16 años a interrumpir voluntariamente un embarazo y a hacerlo como una prestación pública más.
Bajas laborales por dolor menstrual
La ley también incluye otras medidas, como el derecho a la salud menstrual. Se regularán las bajas de tres días, o los que se requieran, por dolor menstrual y se facilitarán productos de higiene de forma gratuita a las mujeres en riesgo de exclusión y en las escuelas, cuando sea necesario.
Para evitar posibles discriminaciones laborales o falta de colaboración por parte de las empresas, el nuevo texto legal recoge que los días de baja por incapacidad temporal serán sufragados por completo por las arcas del Estado, a través de la Seguridad Social, aunque lo habitual en el resto de bajas médicas es que las primeras jornadas de cualquier convalecencia corran a cargo del empleador.
Será el médico que valide la situación de incapacidad temporal quien determine cuántas jornadas laborales durará el permiso a la vista de las circunstancias concretas de cada caso.
Para facilitar que la medida llegue a todas las mujeres que lo necesiten, el Estado no exigirá para tener derecho a esta baja un mínimo de tiempo cotizado a la Seguridad Social, como sí que ocurre en otras situaciones de incapacidad temporal de las trabajadoras.
Por otra parte, la gestación subrogada será reconocida como violencia hacia las mujeres. Por ello, se prohibirá la publicidad de las agencias, entre otras cosas.
El texto de la nueva ley deberá pasar por el análisis de los ministerios y luego por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía, antes de volver de nuevo al Consejo de Ministros para pasar al Parlamento. Se prevé que esté lista en 2023.
La anterior ley del aborto fue aprobada en el 2010 en el Congreso pese a la votación en contra del PP.
