Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada, la cual contempla prisión de hasta 60 años a quienes participen en la desaparición de personas.
La pena máxima de 60 años se aplicará a las funcionarios que participen en este delito aunque también prevé castigar a los demás involucrados.
A los particulares se les penalizará hasta con 25 y 50 años de cárcel si se comprueba si participación en el delito de privación ilegal de la libertad.
Una pena de 15 años se prevé aplicar a oculte, incinere, sepulte, desintegre o inhume cuerpos en la clandestinidad.
Está iniciativa de ley fue impulsada por el Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Córdoba-Orizaba que representa Araceli Salcedo Jiménez.
Tan solo está agrupación tiene documentados al menos 130 casos de desaparición forzada.
