Los Ángeles, 29 de abril (La Opinión).– Sobre los derechos laborales en Petróleos Mexicanos (Pemex) hay cuatro miradas. Los trabajadores sindicalizados dicen que se les han ido quitando de a poco, que ahora ya no les dan botas, uniformes, becas, medicamentos… Los empleados “de confianza”, por su lado, extrañan los préstamos con cero comisiones, los autos y casas a créditos de apenas el dos por ciento.
Quienes han visto de lejos esos beneficios consideran que han estado en desventaja: el 64 por ciento de la población del país ni siquiera tiene seguridad social: si se enferman, quedarán a su suerte en una espiral descendente contra las enfermedades que los acosen. Mucho menos tienen otras prestaciones.
El Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador argumenta “como autor de las reducciones de beneficios a los petroleros” que el sindicato ha sido “abusivo” en las negociaciones colectivas de trabajo.
Que, a cambio de incondicionalidad a las administraciones en turno, han hecho pactos para ordeñar a la compañía hasta el punto de convertirla en una de las más endeudadas del mundo. ¡A pesar de que por décadas ha producido y exportado al por mayor!
El debate de los últimos días revela, en resumen, que Pemex se cimbra entre la austeridad, los abusos sindicales y la dignidad laboral de un país cuyos empleados distan mucho de las condiciones y el salario justos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 61 por ciento de la población ocupada en el país no cuenta con acceso a una institución de salud y el 34 por ciento de los asalariados en México labora sin prestaciones. Todo en contrasentido a los compromisos adquiridos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La OIT establece que el trabajo decente o digno es el que se realiza con un ingreso que garantice la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, brinde mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social.
La inestabilidad empresarial de las últimas semanas en Pemex se centra, entonces, en un dilema: ¿son abusivas las prestaciones del sindicato o son miserables las del resto de los trabajadores del país? ¿qué mantienen los petroleros y qué se les ha quitado?
EL QUIEBRE
El discurso es el mismo: falta de equipo de seguridad, insumos médicos para los hospitales donde se atiende a personal de la empresa petrolera; falta mantenimiento en plantas, los uniformes son cosa del pasado, incumplimiento en el pago de becas, en apoyos en vivienda, préstamos administrativos y cobertura de plazas vacantes a las que se comprometió el Gobierno.
El sindicato no habla abiertamente de una huelga, pero la amenaza y los cuchicheos están a la orden del día en un momento en que López Obrador tiene a Pemex como punta de lanza de sus políticas de Gobierno.
En esta semana, el Presidente salió al contrataque y dijo que la estrategia del gremio tiene un trasfondo perverso. A través de su vocero Jesús Ramírez dijo que mientras “en las administraciones neoliberales” los lideres sindicales se “arrastraron” ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), ahora “les sale lo combativo” por una simple razón.
“Ya no podrán cobrar cuotas por plazas temporales o definitivas”.
El Gobierno federal lo está haciendo ahora. Controla las contrataciones a través de José Eduardo Beltrán Hernández, uno de los cinco consejeros independientes de Pemex y cuñado del Presidente, respondió el gerente de la planta de Tula, Alberto Careaga.
En el juego de fuerzas entre el Gobierno-empleador y los sindicatos-empleados destaca un momento por la escalada y la respuesta que pueda tener si el Partido Demócrata toma cartas en el asunto debido a la atención que pone en temas gremiales:
A finales del 2021, trabajadores pertenecientes a la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros denunciarán a Pemex en Estados Unidos por violaciones a derechos laborales contemplado en el Capítulo 23 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, luego de que la Secretaría del Trabajo rompiera con las mesas de diálogo y los dejara con sus quejas en la mano.
Los presuntos abusos son: instauración de jornadas laborales de 24 hasta 32 horas consecutivas, cuando la Ley Federal del Trabajo y los convenios internacionales firmados por el país en esta materia mandatan únicamente ocho horas, entre otros “favores” que les piden hacer cuando en los hechos, dicen, no son más que tiempo laboral sin pago.
EN MEDIO
En el tiempo en que Cintya Hernández fue trabajadora de Pemex compró su departamento y una camioneta. Era un derecho básico que debía tener cualquier trabajador de tiempo completo, pero, de alguna manera, sentía que estaba en ventaja respecto al resto de la población.
“Tenía préstamos a muy bajos intereses o a cero intereses como los administrativos que te daban cada año, vales de gasolina y otros que se quitaron con el tiempo”.
Este tipo de prestaciones los tenían quienes no estaban en el sindicato, pero los agremiados también les iba muy bien, recuerda. Tres años después, los trabajadores sindicalizados reconocen que siguen en buenos términos.
Adrián López en Ciudad de México dice que aún reciben: un fondo de ahorro que equivale a duplicar su salario, ortodoncias para los hijos, pagos en caso de necesitar anteojos, atención médica externa si no hay en las clínicas de salud de Pemex, tres semanas de vacaciones y dinero para útiles escolares de los críos.
Tales prestaciones son dignos para alcanzar el bienestar que ordenan los estándares internacionales pero son una excepción, una burbuja en la realidad mexicana que genera inquietudes dentro y fuera del gremio.
Ernesto Samperio, un trabajador de confianza en la paraestatal resume esa percepción de la siguiente manera:
“Indudablemente a los trabajadores sindicalizados les va súper bien porque la mayoría de sus trabajos no requieren especialidad profesional, pero sus sueldos son iguales o superiores a los de un profesionista en el mercado externo, amén de que no tienen ninguna responsabilidad ni presión por dar resultados”.
