El ex titular de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal (PF), Ricardo Eduardo Aranda Aguilar, enfrenta un proceso penal porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por presuntamente ordenar la compra de tres sistemas de comunicaciones con cargo a la partida presupuestal “Gastos de Seguridad Pública Nacional”, por un monto de 102 millones 510 mil 909 pesos.
De acuerdo con registros judiciales, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte lo vinculó a proceso en junio de 2021, y un Tribunal Federal ratificó la vinculación en septiembre pasado por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Sin embargo, la magistrada que confirmó la vinculación a proceso dejó sin efecto su resolución, lo anterior en acato a una sentencia que amparó al ex mando federal que ocupó el cargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, notificó que cumplió parte de la sentencia y señaló que en los próximos días dictará una nueva resolución. La magistrada tiene de plazo hasta el próximo 7 de abril.
La FGR imputó al ex titular de Inteligencia porque presuntamente contrató bienes con recursos públicos, al suscribir el contrato 5/2018, de 17 de septiembre de 2018.
Según la pesquisa, el ex mando federal adquirió tres sistemas de monitoreo de comunicaciones satelitales de telefonía, así como su respectiva póliza de servicio y garantía, con cargo a la partida presupuestal por el monto de 102 millones 510 mil 909 pesos.
El agente del Ministerio Público Federal aseguró que la contratación la realizó sin tener facultades para suscribir contratos en representación de la Policía Federal, y tampoco justificó las condiciones de urgencia, riesgo o confidencialidad para la contratación y sin que previo a la suscripción del contrato se realizara una investigación de mercado que permitiera justificar que la elección del proveedor otorgara al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento.
El pasado 30 de septiembre, Porras Odriozola ratificó la vinculación a proceso dictada el 15 de julio de 2021.
Ante esta situación, el ex servidor público promovió una demanda de garantías y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, le concedió el amparo y ordenó dejar sin efecto la ratificación de la vinculación a proceso.
La magistrada Porras Odriozola debe aclarar y argumentar por qué los datos de prueba presentados por la FGR resultaron aptos para tener por establecido el hecho que la ley señala como delito; así como qué información surge de los datos de prueba para llegar a la conclusión de que el imputado probablemente intervino en su comisión.
“Por lo que se insiste, para cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación no basta con limitarse a hacer una lista de los datos de prueba mencionados por la fiscalía en la audiencia correspondiente, sino que se requiere una verdadera argumentación en la que se expliquen las razones para considerar que la información que surge de su ponderación implica que existen indicios razonables que permiten suponer el hecho que la ley señala como delito y que hacen probable que el imputado intervino en su comisión”, indica la sentencia de Guadalupe Rodríguez.
Información Milenio Noticias.
