La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio un plazo de tres meses al gobierno de Oaxaca para reparar integralmente el daño a las personas desplazadas de la comunidad Tierra Blanca Copala.
En este mismo periodo el gobierno del estado deberá garantizar el retorno seguro, en paz, y en condiciones de dignidad así como el asentamiento permanente de las personas originarias de la comunidad indígena Triqui de Tierra Blanca víctimas.
O en su caso, su reasentamiento o indemnización, en los términos planteados en la reparación integral del daño, y envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento; entre otras recomendaciones.
La CNDH en su recomendación especial sobre el desplazamiento forzado de personas en Tierra Blanca, localidad de Santiago Juxtlahuaca, determinó que el Gobierno de Oaxaca es responsable por omisión luego de la incursión de un grupo armado en la comunidad. También responsabilizó de estos hechos al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca y a las instancias encargadas de la seguridad pública tanto del gobierno del estado como del municipio, incluyendo a la Fiscalía General de Oaxaca.
Los derechos humanos que se violaron fueron a la libertad de circulación y residencia, así como al derecho a no ser desplazado forzadamente, a la seguridad personal, a la asistencia humanitaria y medidas de ayuda inmediatas.
Así como los derechos a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda o alojamiento, a la educación, a la salud y al trabajo, al interés superior de la niñez, y al acceso a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado interno, desde el mes de diciembre de 2020, de la comunidad indígena de Tierra Blanca Copala.
Según la recomendación especial, las autoridades estatales incurrieron en responsabilidad institucional, porque ante una problemática tan compleja como es el desplazamiento forzado interno, omitieron cumplir de manera apropiada sus atribuciones, y adoptar las medidas que eran necesarias para garantizar, proteger y respetar los derechos humanos de una población que se encuentra desde 2020 en una particular situación múltiple de vulnerabilidad.
El Gobierno de Oaxaca también deberá proporcionar a las víctimas el tratamiento médico, psicológico y tanatológico de manera culturalmente apropiada, según corresponda, que sea necesario para restablecer su salud física y emocional.
Lo anterior, con la finalidad de reducir los padecimientos que presenten en cada situación en particular, en virtud de las consideraciones planteadas en el cuerpo de la presente recomendación, y envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
Entre otras recomendaciones, también deberán diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento a un plan de atención, para que a la mayor brevedad posible las personas desplazadas tengan acceso a las ayudas inmediatas y realizar un censo que registre la totalidad de las personas que se desplazaron de la comunidad de Tierra Blanca, desde el mes de diciembre de 2020, remitiendo a este Organismo Nacional, dentro del término de tres meses, las constancias que acrediten su cumplimiento.
Información El Universal.
