Tras varias rondas de negociaciones, conformadas por una comisión interinstitucional, fue que se logró un acuerdo con el pueblo para liberar al alcalde.
El presidente municipal de San Martín Peras, Román Juárez, fue liberado durante la madrugada del martes tras una negociación entre funcionarios estatales y federales y los ciudadanos que lo tuvieron cautivo por cometer presuntos actos de corrupción. Elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal lo entregarán a los legisladores locales en la Cámara de Diputados para que se inicie el proceso de revocación del cargo.
Hace nueve días, pobladores de San Martín Peras, en la zona mixteca, retuvieron, golpearon y encerraron al presidente municipal por cometer presuntos actos de corrupción y violentar sus usos y costumbres.
El alcalde fue detenido en un tramo carretero cerca de su domicilio por los ciudadanos opositores que montaron barricadas para cerrarle el paso a la camioneta en la que se trasladaba con su familiares.
Según el reporte oficial, fue bajado por la fuerza y trasladado a la sede del ayuntamiento donde fue encerrado en la cárcel municipal.
Asimismo, los inconformes exigieron desde ese momento una comisión de funcionarios del gobierno estatal para que interviniera en el conflicto y se percatara de las presuntas irregularidades cometidas por el edil.
En asamblea comunitaria, la mayoría de los habitantes regido bajo el sistema de usos y costumbres se congregaron en la plaza pública y con mano alzada por mayoría determinaron nombrar a un Comité de Vigilancia, quien se ha encargado de pedir al Congreso de Oaxaca la revocación de mandato del presidente municipal, quien firmó su renuncia ante el pueblo.
Los habitantes explicaron que desde el 14 de noviembre se le pidió al alcalde renunciar de manera voluntaria por el presunto desvío de recursos de más de seis millones de pesos destinados para obras, sin embargo, el funcionario se negó a hacerlo.
Añadieron que el munícipe fue desconocido desde el 14 de noviembre y a pesar de ello continuó realizando sus funciones.
Tras varias rondas de negociaciones, conformada por una comisión interinstitucional, fue que se logro un acuerdo con el pueblo para liberar al alcalde pero bajo custodia de la Guardia Nacional y la policía estatal para trasladarlo a Oaxaca donde quedará a disposición de la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) para que se justifique las razones de su revocación del cargo por cometer presuntos malos manejos de los fondos públicos.
En consecuencia quedará bajo disposición de un juez de control de la Fiscalía General de Justicia, donde se tendrá que iniciar el proceso penal en su contra por malversación de fondos.
Información Milenio Noticias.
