El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles desaforar al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) proceda penalmente en su contra por los delitos de violación equiparada y abuso sexual en contra de un menor de edad.
La Cámara, erigida en jurado de procedencia en sesión extraordinaria, avaló en lo general y en lo particular el dictamen, con 447 a favor, cero en contra y dos abstenciones.
La FGJ-CDMX presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la investigación con la que solicitó el desafuero de Huerta para proceder penalmente en su contra por dos carpetas de investigación.
Laura Angelina Borbolla Moreno, coordinadora de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas en la FGJ-CDMX, indicó que en cada uno de los eventos que le son atribuidos a Benjamín Saúl Huerta Corona “aprovechó la relación de confianza que generó con las víctimas, refiriéndoles incluso a los padres de los ofendidos que cuidaría de ellos, y la del encargo como diputado federal, ya que les ofreció que le acompañaran a la Ciudad de México”.
En su turno, Pavel Arenas, abogado del diputado, expresó: “la acción presentada por parte de la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta”.
Inicia la discusión, en lo general, del dictamen de la Sección Instructora, con proyecto que declara la procedencia de la acción penal en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. https://t.co/PekHQBb5Rs
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 11, 2021
Además, la defensa dijo que “por aberrantes que pudieran llegar a ser los elementos del tipo que se le están imputando” al legislador, se debe garantizar el debido proceso de Huerta. También acusó que la fiscalía capitalina violó el debido proceso al filtrar videos del caso y la orden de arresto que prepara en su contra.
Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora en San Lázaro, aseguró que la solicitud de procedencia no es un asunto de la competencia legislativa o de control político del Congreso, sino una respuesta a la solicitud presentada por el Ministerio Público.
“El abogado dijo que no debe existir en este procedimiento propósito político alguno, y tiene razón, puesto que el fuero no es para darle impunidades a los servidores públicos de alto rango, no debe ser motivo para que se goce o se pueda evadir la acción de la justicia”, comentó.
Según el dictamen que presentó la Sección Instructora ante el pleno de la Cámara de Diputados, Saúl Huerta no ejerció su derecho a aportar medios probatorios en su defensa durante el plazo establecido.
“Los medios de prueba citados y ofrecidos por la Fiscalía General de Justicia dela Ciudad de México y del análisis claro y metódico de la conducta desarrollada en los hechos imputados, crean al interior de esta Sección Instructora la plena convicción de que existen elementos suficientes para considerar oportuna la Declaración de Procedencia que ha solicitado la Fiscalía local”, expone el documento.
El pasado 21 de abril, Saúl Huerta fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, por presuntamente haber realizado tocamientos a un menor de 15 años, pero fue liberado por tener fuero.
El legislador defendió que las autoridades lo dejaron en libertad porque no encontraron pruebas que lo inculparan, pero la Fiscalía capitalina mantuvo la investigación en su contra.
El pasado 5 de agosto, el grupo de abogados que representa a Saúl Huerta, Castillo & Asociados, aseguró que el legislador no se está escondiendo y no tiene trato privilegiado. Horas antes de esta declaración, el legislador se había presentado en las instalaciones de la FGJ-CDMX, donde no se puedo proceder en su contra por contar con fuero constitucional.
En un comunicado difundido en redes sociales, la defensa de Huerta afirmó que el legislador acudió con las autoridades, específicamente con la Fiscalía de Delitos Sexuales, “para ejercer su derecho constitucional de defensa”.
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