Amatlán, Ver.- Desde diciembre los custodios portan armas abastecidas dentro del Centro de Reinserción de la Toma, ubicado en Amatlán.
4 de Febrero, 2018.-Por violencia psicológica y física y el cobro de piso dentro del penal de La Toma, los familiares de los reos internados en el CERESO La Toma, ubicado en Amatlán de los Reyes, piden la destitución del director Valentín Hernández Santiago.
Argumentando “miedo”, los familiares de los reos acudieron a los medios de comunicación para informar de los abusos que los más de mil reos, hombres y mujeres, sufren en este lugar desde diciembre, cuando el ex custodio fue ascendido a la dirección.
Hernández ha abusado de este cargo para cobrar cuotas de 5 mil pesos mensuales a los internos que llegan al área de “población” para por lo menos 30 días “estén bien” y mil 500 pesos para las áreas de 72 horas. Las cuotas son impuestas por el director general Raúl Plantón Del Cueto, quien envía el recurso al director general.
“Dicen que son órdenes de arriba pedir las cuotas, lo hacen los nuevos custodios que llegaron de Xalapa y el director”, sostuvo una mujer, quien precisó que desde finales del 2017 y cada que visita a su familiar ha observado que los policías portan armas abastecidas generando un clima de inseguridad.
Para las personas que purgan una pena o enfrentan un proceso es un “martirio” vivir en este lugar, pues los policías los amenazan empuñando las armas y someten a castigos en módulos de aislamiento. Actualmente quienes pasan por esta situación son Oscar Iván Montiel, Bartolo Sosa, Heriberto Vera Lopez y Armando Tlaxcala; quienes ya privados de su libertad sufren esta violación a sus derechos humanos.
Valentín carece de estudios, no cuenta con un perfil profesional que lo llevara a ocupar el cargo, por ello se presume que se ha encargado de utilizar técnicas contrarias a derecho para someter y amenazar a las personas, desnudándolos y levantándolos para cateos sorpresivos en sus pertenencias.
Esta situación, según familiares, que decidieron hablar de manera anónima, los llevará a interponer una solicitud de intervención ante Derechos Humanos y otra más en Servidores Públicos, para que se investiguen a los custodios y al director del penal por los hechos anteriores.
