Fortín, Ver.- Luego del asesinato del boxeador Pablo Ortigoza a manos de un elemento de la Policía Municipal, el alcalde Gerardo Rosales Victoria entregó el oficio AYT/FOR/PRES/0034/2025 al gobierno estatal, mediante el cual solicitó a la gobernadora Norma Rocío Nahle García la remoción de la Policía Municipal, como exigieron los familiares del deportista.
Bajo presión, el edil no tuvo otra opción más que elaborar el oficio, ya que los habitantes señalaron que no quieren ver a la policía en este municipio. La ciudadanía ha perdido la confianza en la corporación policial debido a los recientes eventos violentos y a la percepción de abuso de autoridad.
Gerardo Rosales ha mostrado incompetencia para resolver los problemas de inseguridad en su municipio, y este hecho es una muestra de ello. La incapacidad del gobierno municipal para controlar a su propia policía ha llevado a una crisis de seguridad que afecta directamente a los habitantes de Fortín.
El sábado se anunció una protesta pacífica en esta ciudad, en la que los participantes confían en que la policía municipal no regrese. La comunidad busca alternativas para garantizar su seguridad, como la intervención de la Marina Armada de México o la Guardia Nacional, ya que consideran que estas fuerzas pueden ofrecer una protección más efectiva y confiable.
La situación en Fortín refleja un escenario complejo donde la falta de confianza en las autoridades locales ha llevado a una movilización ciudadana que exige cambios significativos en la forma en que se maneja la seguridad pública en el municipio.
