La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género en agravio de la diputada morenista Andrea Chávez.

La magistrada Mónica Soto propuso en su proyecto que las expresiones de Dresser están amparadas en el ejercicio de la libertad de expresión y la actividad periodística, por lo que se debía revocar una multa de 20 mil pesos y otras medidas de reparación impuestas a la comunicadora.

Denise Dresser fue denunciada porque utilizó expresiones como “es un tema de faldas”; “tener una novia en la campaña” y “no sabemos si era novia o no” al referirse a Andrea Chávez y sus aspiraciones políticas, por lo que se le denunció por violencia simbólica y psicológica.

La Sala Especializada del TEPJF determinó que la analista incurrió en violencia política de género por sus expresiones, por lo que debía pagar una multa de 20 mil 748 pesos; además se le ordenó que publicara una disculpa pública y un extracto de la sentencia, además de su inscripción al Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año y 6 meses.

No obstante, se impugnó la sentencia y el caso llegó a la Sala Superior, donde los magistrados coincidieron en que como juzgadores debían analizar de manera amplia y contextual las declaraciones de Denise Dresser, y se determinó que el propósito de la periodista fue “evidenciar un presunto uso de recursos públicos y la disminución de sus posibilidades de éxito (de Andrea Chávez) de obtener la coordinación a la que aspira”.

La violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo”, expresó el magistrado Felipe de la Mata, declaración con la que coincidió la magistrada Janine Otálora, quien aseguró que no se puede permitir que las luchas de las mujeres de usen para hacer a un lado la crítica y la exposición de información de relevancia pública.

La periodista Denise Dresser celebró la sentencia y aseguró que con esta determinación “ganan la libertad de expresión y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos públicos como lo son el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar a familiares