EL AYUNTAMIENTO DE ORIZABA FALSEÓ INFORMACIÓN A HACIENDA DEL ESTADO: JAIRO GUARNEROS.

Orizaba, Ver.- Jairo Guarneros Sosa representante de la agrupación de taxistas “Grito”, aseguró que el ayuntamiento de Orizaba falseó información a Hacienda del Estado para que los camiones “Gallos” y “Búho”, pudieran ser emplacados y ahora brinden un servicio de transporte público municipal, cuando legalmente son únicamente para un servicio particular y de translado de personal. El líder taxista exigió al presidente municipal Juan Manuel Diez Francos, pruebe que realmente tiene la autorización correspondiente para poder prestar el servicio de transporte, de lo contrario habrán de tomar otras acciones ya sea ante el Gobierno Federal o Estatal para que intervenga ante este abuso de poder. El representante de los taxistas regularizados también pidió a la autoridad municipal, dé una explicación a la ciudadanía de Orizaba, por qué los camiones de pasajeros que prestan el servicio del transporte público se adquirieron en la empresa automotriz propiedad del alcalde. Los concesionarios exigieron la inmediata intervención de la Dirección de Transporte Público del Estado con sede en Orizaba, ya que aseguran no existe un trato equitativo, ya que mientras unos ya cumplieron con su revista vehicular y se encuentran legalmente establecidos, otros circulan en la ilegalidad como el servicio “Gallo” y “Búho”. “Nos parece que no es un trato equitativo el que se está dando, porque hay unidades que se les está tolerando que no cumplan con requisitos que marca la ley para poder prestar el servicio; por eso pedimos piso parejo”. Recordó que el ayuntamiento declaró a la Secretaría de Hacienda del Estado, que los autobuses estarían al Servicio del Sistema DIF para trasladar a niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, además de personal, con tal de que les extendieran la autorización y el emplacamiento, y ahora estos son utilizados para otro fin. “Ese fue el motivo que le expuso en Hacienda del Estado para que le puedan emplacar estas unidades como particulares para prestar ese servicio, entonces Hacienda también tendría que ver en esto porque, es evidente que el Ayuntamiento falseó información para que pudiera ser autorizado”.