En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Hernández dejó en claro que la relación entre la Suprema Corte y el Gobierno Federal será institucional.

“De manera institucional será la relación, ahora mismo, por ejemplo, podría comentarles que la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

“A propósito de un anuncio que se ha hecho en los últimos días y en las últimas horas respecto a una marcha que estaría dirigida hacia, o su ruta terminaría en la Suprema Corte, ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio a la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”, puntualizó.

“Y ya se acordó un tratamiento institucional a esa petición, entonces de esa manera seguirá siendo la relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, indicó.

Lo anterior fue señalado por el funcionario apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscaron negociar el plazo para desincorporar la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El tabasqueño acusó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de “politiquería” e “indignidad” tras el fallo contra la militarización de la Guardia Nacional.

El presidente acusó a Piña de buscar una negociación en un desayuno con la secretaria de Seguridad del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para retrasar la entrada en vigor de la decisión que invalidó ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional, que López Obrador prometió mantener civil.

“Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, denunció el gobernante en su rueda de prensa diaria.

“Lamentable el nivel de indignidad”, añadió.

López Obrador tachó a los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables” por haber declarado inconstitucional el miércoles la reforma legal que él promulgó en septiembre pasado para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, que él creó en 2019 como una corporación civil.

Después del fallo, la Suprema Corte dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden, por lo que mandatario los acusó de “arrepentirse” y buscar negociar con el Gobierno.

Pero el mandatario ordenó a la secretaria de Seguridad y al de Gobernación, Adán Augusto López, no comunicarse con la Corte.

“Les dije: ni les contesten el teléfono”, narró. “No, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, sostuvo.

Información: López-Dóriga Digital.