El gobernador de Nuevo León, Samuel García, obtuvo una suspensión definitiva para frenar el juicio político en su contra y para que no le apliquen una serie de reformas que le restan atribuciones, como quitarle la facultad de promulgar y publicar leyes a partir de una serie de reformas a 27 artículos constitucionales apoyadas por el PRI y el PAN.

El juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas resaltó que las modificaciones constitucionales planteadas por el Congreso del Estado en el Decreto 340 buscan quitar facultades al gobernador de manera retroactiva, lo que no permite la Constitución general.

La sentencia dice que no podrán avanzar las reformas constitucionales que buscan retirar el derecho al veto en el proceso de selección del fiscal general, quitar atribuciones sobre la reglamentación de leyes y otras que el juez federal consideró no debían aplicarse al actual gobernador sino a quien llegue a la gubernatura después del 2027.

El juez argumentó el principio de no retroactividad de las leyes, contenido en el artículo 14 constitucional.

“Se advierte que el cambio de reglas contenidas en el Decreto 340 aludido, es probablemente contrario al artículo 14 constitucional, en cuanto a la prohibición de la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna”.

Las facultades que pretenden retirar al actual gobernador son el derecho al veto en el proceso de selección del fiscal general, restar al Poder Ejecutivo la facultad de sanción, refrendo, promulgación y publicación de leyes, así como quitarle la atribución de reglamentar leyes; establecer la moción de censura a la totalidad del Gabinete por parte del Poder Legislativo.

Además, los congresistas buscan ratificar a funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal (UIFE), el Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León (SATNL) y del Secretario General de Gobierno.

Con ello el juzgador federal estableció que los obstáculos o intentos de retirar tareas funciones competencias y otras facultades al Ejecutivo son ilegales e inconstitucionales.

También el Legislativo pretende que la figura del Ejecutivo ya no pueda fincar hechos de corrupción coma faltas graves y juicios de procedencia sobre integrantes del gabinete u otros funcionarios públicos.