Para que el cierre de las vías de comunicación terrestre, en los ámbitos federal, estatal y municipal ameriten prisión preventiva oficiosa, la diputada federal priista Marcela Guerra presentó una iniciativa.
En el documento, la legisladora advierte que en los últimos meses continuamente se han presentado cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes, o bien, por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.
Refirió que de acuerdo con el titular de la Cámara de la Industria de Transformación de mi estado, Nuevo León (Caintra), Rodrigo Fernández, en promedio se han perdido 2 mil millones de pesos por las afectaciones logísticas generadas por las interrupciones en las cadenas de suministro.
Estos actos, dijo la legisladora, no sólo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas que intentan trasladarse de un lugar a otro, sino que también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano, que requiere el traslado de los bienes y servicios que mercadean, además de pérdida de tiempo y dinero para las personas que tienen que esperar por horas la liberación de las vías incomunicadas.
De acuerdo con Guerra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que es presidida por Morena, rechazó la propuesta del PRI como ha venido haciendo en todas las comisiones, a manera de castigo “por haber votado contra de la reforma eléctrica”
Información del Universal
