EN LA MIRA

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Por: SILVERIO QUEVEDO ELOX

El cáncer del feminicidio

Luego de que en la semana que terminó las declaraciones o al menos intención del Fiscal General de la República en el sentido de que se desaparezca la tipificación de feminicidio en el delito de homicidios, y que externara su titular, Alejandro Gertz Manero, la polémica alcanzó altos niveles de rechazo y de críticas.
El delito en sí es más que grave, pues las cifras a nivel nacional están sustentadas y son alarmantes. Algo que seguramente ubica a México a la cabeza de los estándares internacionales.
Incluso ante la necesidad de aclarar lo ocurrido, y por la inmediata aparición de voces con alto renombre y prestigio nacional, la misma FGR, a través de un comunicado, dio a conocer que en los últimos ocho años, el delito de feminicidio ha crecido en 137.5%, pero que su intención de modificarlo es para que todos los casos se judicialicen y alcancen las penas más altas.
Las estadísticas del Sistema de Seguridad Pública Nacional no son nada halagüeñas pues solo de enero a septiembre del 2019, un total de 2 mil 833 mujeres fueron asesinadas en México, de las cuales solo el 26 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidios.
Levantó mayor ámpula el asunto cuando explicó a los legisladores su Plan de Persecución Penal. El desglose de estos crímenes en sus diferentes tipos implicará perseguir 51 modalidades, entre las que se encuentran la trata de personas, tortura y abusos contra migrantes.
Y es que la FGR le anunció al Senado que destinará 70 por ciento de sus agentes del Ministerio Público a deshacerse del rezago acumulado estos años para enfocarse en la atención de una decena de delitos considerados más graves o de mayor complejidad, pero entre esas acciones no incluyó el feminicidio, lo que desató la ola de críticas.

LAS VOCES CRÍTICAS
La coordinadora del Programa de Género de la Universidad Iberoamericano, Elvia González del Pliego, señaló como una aberración por parte del Fiscal la propuesta de la desaparición del delito.
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, María de la Luz Estrada explicó que investigar desde el componente de género permite conocer o identificar patrones para la prevención.
La propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero no se quedó atrás al censurar la intención del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero de pretender modificar el tipo penal del delito de feminicidio.
Fue durante la conferencia magistral que ofreció en la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Sánchez Cordero donde al término, se referiría al asunto señalando que “el feminicidio por convicción personal y por tratados internacionales debemos de tipificarlo, se debe continuar y (se debe) crear un tipo penal que tenga mayor oportunidad de ser cualquier conducta tipificada de acuerdo con el tipo penal”.
El caso, como se observó apenas en estos días subsecuentes a las declaraciones fuera de lugar del responsable de la procuración de Justicia en México, es que es un tema muy delicado que lacera los tejidos sociales, que pega en el corazón de un género vulnerable y vulnerado, esa es la principal lectura.
Y que tras lo anterior ninguna autoridad al momento, en los últimos sexenios, o en los estados y municipios, ha podido atenuar o dar alguna alternativa para frenar el avance de este atentado social que cual si fuera un cáncer afecta lo mismo en la urbe, con una profesionista, entre un matrimonio de nivel socioeconómico alto, que en la más alejada comunidad indígena donde la mujer es asesinada a mansalva por un marido violento y desquiciado.
En el transcurso la FGR debió explicar su propuesta en torno al delito de feminicidio: no busca desaparecerlo del Código Penal federal, sino que todos los homicidios de mujeres sean investigados como feminicidios.
Para la Fiscalía General, los procesos para investigar y sancionar los casos de feminicidios “complican inútilmente su judicialización”, pues resulta complicado para los ministerios públicos acreditar la violencia machista como causal, por lo que propone conceptualizar el delito como un “homicidio en contra de una mujer”.
Hay que detallar lo que realmente considera el delito de feminicidio:
Según las mismas autoridades judiciales, se contemplan siete condiciones, requisitos y circunstancias que “complican inútilmente su judicialización”, las cuales están establecidas de esta manera en el Código Penal federal:
Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
Que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida.
Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar.
Que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
Que haya datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso (feminicidio), acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Que la víctima haya estado incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Y mientras a nivel nacional se ha desatado dicha polémica en la entidad veracruzana el delito se considera como uno de los prioritarios. El propio gobernador Cuitláhuac García ha reconocido como alta la incidencia.

MUY EN CORTO
LA UV PONE PRIMERO A VERACRUZ. Sea o no un debate, la polémica generada esta semana debe tener un fin, el que nadie pase por alto que el incremento de este tipo de violencia cada vez es más acelerado.
De unos años a la fecha se ha desatado una violencia específica contra las féminas, y el sector es fácil y altamente vulnerable.
Según un estudio de la Universidad Veracruzana la entidad es primero porque hay 157 feminicidios ubicados en el estado, detallando cada municipio donde Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz puerto son los primeros sitios. Poniendo además a la entidad en primero a nivel nacional.

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